Jhoana Márquez, la exgerente regional del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) que en 2023 fue sentenciada a dos años y dos meses de prisión por Falsedad Material y Uso de Instrumento Falsificado tras ejercer con un título falso de Ingeniera Civil, está nuevamente en el ojo de la tormenta. Esta vez, es acusada de liderar un violento y premeditado intento de avasallamiento en el barrio El Constructor, sumando un nuevo y oscuro capítulo a su prontuario.
Invasión violenta con maquinaria y “grupos de choque”
El pasado jueves 11 de junio de 2026, el campamento de la empresa del conocido ciudadano Mario Alfredo Villena Morales se convirtió en una zona de guerra. Según la denuncia pública realizada por su hija, María José Villena, Márquez irrumpió violentamente en el lugar con maquinaria pesada, destruyendo por completo la cerca perimetral que delimitaba la propiedad privada, la cual cuenta con construcciones legales desde hace más de 22 años.
La exfuncionaria no llegó sola: ingresó escoltada por un violento grupo de choque de más de 50 personas, muchas de ellas con presuntos antecedentes penales. Actualmente, el predio se encuentra tomado por sujetos que consumen abiertamente bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas, sembrando el terror en la zona.
El “modus operandi”: Códigos falsos y la sombra de la Alcaldía
Para justificar el atropello, Jhoana Márquez exhibió una supuesta orden de limpieza emitida por la Unidad de Gestión de Riesgos del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija. Sin embargo, la farsa no tardó en caerse. Tras una verificación, se descubrió que el código catastral del documento (19-78-13-0-0-0) pertenece a un terreno ubicado a dos cuadras de distancia y ni siquiera está a nombre de Márquez.
La familia afectada denunció penalmente que se está utilizando el nombre y la institucionalidad de la Alcaldía para delinquir y consumar un robo a plena luz del día.
Táctica cobarde: Niños y mujeres como “escudos humanos”
La denuncia apunta a que Márquez actuó con total premeditación, ejecutando la toma justo antes del fin de semana para aprovechar el cierre de las oficinas administrativas e impedir cualquier acción legal inmediata. Su plan consistiría en levantar viviendas precarias de forma exprés e introducir a mujeres y niños para utilizarlos de manera cobarde como “escudos humanos”, sabiendo que la presencia de menores frena los desalojos por parte de la fuerza pública.
Esta alarmante situación mantiene bajo amenaza inminente y en extrema vulnerabilidad a la familia del cuidador del predio, el Sr. Santos Barra, quien junto a su esposa, hijos y nietos pequeños se ven obligados a convivir rodeados de delincuencia y hostilidad.
Clamor de auxilio ante una “Tierra de Nadie”
Desesperada ante la inacción de las autoridades, quienes inicialmente catalogaron el asalto como un simple “conflicto entre partes”, María José Villena lanzó un pedido de auxilio urgente:
Al Comandante de la Policía (Cnel. Roger Roca Saavedra): Le exigen actuar de inmediato por flagrancia antes de que ocurra una tragedia, ante la evidente presencia de armas y drogas en el lugar.
Al Alcalde Jhonny Torres Terzo: Le demandan brindar auxilio inmediato y certificar de manera oficial la falsedad del documento utilizado por los avasalladores.
A la Defensoría de la Niñez: Para que se haga presente y rescate a los menores de edad expuestos al peligro.
”¿Cómo es posible que una persona con múltiples antecedentes siga en libertad y continúe dañando a familias honestas?”, cuestionó la denunciante, advirtiendo que este hecho representa un golpe demoledor a la seguridad jurídica de todos los tarijeños. Mientras tanto, los invasores continúan acopiando ladrillos y levantando carpas bajo el silencio e impunidad de la justicia.